La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha firmado un protocolo de colaboración con la Consejería de Fomento, a través de la empresa pública ‘Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A.', GICAMAN, para el alquiler de viviendas destinadas a usos sociales.
Las viviendas, que son propiedad de GICAMAN, irán destinadas a garantizar el proceso de autonomía personal e inclusión social de los más necesitados, como es el caso de mujeres embarazadas o con hijos menores, sin apoyo familiar y que se encuentren dentro de alguno de los programas o recursos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
"Las viviendas, que se encuentran en distintas localidades de Castilla-La Mancha, ofrecerán un hogar a muchas familias que carecen de recursos para sacar adelante a sus hijos", ha destacado el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz.
GICAMAN pondrá en conocimiento de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales la relación de viviendas disponibles semestralmente. Y por su parte, la Consejería informará de la necesidad de una vivienda con una antelación mínima de 30 días. "En los casos de urgencia el plazo de comunicación será más breve, para que ninguna familia que realmente lo necesite se quede en la calle. Así, GICAMAN en un plazo máximo de 10 días laborables informará de la disponibilidad o no de una vivienda", ha aclarado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada.
Las personas que lo deseen pueden presentar sus solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social en los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Los gastos de comunidad relativos a las viviendas ocupadas serán de cuenta de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, mientras que los arrendatarios se harán cargo de las facturas relacionadas con los suministros (luz, agua…).
El plazo de duración de este acuerdo será de dos años y no afectará al tiempo específico de cada arrendamiento, cuya duración será la pactada en cada contrato.
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