En el video del pleno del pasado jueves día 15 de octubre, a partir del minuto 1:05:37, doña Manuela Galiano López comienza a hacer la siguiente exposición en el turno de Ruegos y preguntas:
«¿Es consciente, señor alcalde de El Provencio, que el Ayuntamiento de El Provencio ha sido el primer ayuntamiento que ha ejecutado un desahucio contra una empresa de la localidad? Una empresa familiar [...] que ha pagado religiosamente todos y cada uno de los impuestos, que ha mantenido unas instalaciones. Pero claro, ha habido un problema, que no son de la ideología del actual alcalde y del equipo de Gobierno. La consecuencia es que en lugar de apoyar la economía de las empresas [...] se les echa de unas instalaciones que se venían usando desde hace muchos años. Pero esto es un atropello, pero muy grave, que ha ido contra los derechos de los ciudadanos de El Provencio. ¿Con qué autoridad se siente el alcalde para desalojar a una empresa?».
Esta nave, de uso exclusivamente municipal situada al lado del Centro de Recursos Compartidos, antiguo pósito del trigo, llevaba casi veinte años en manos de un particular sin contrato ni pago de alquiler alguno, simplemente por ser afín al partido socialista entonces en el gobierno. Desde nuestro Excmo. Ayuntamiento se solicitó documentación a la empresa y esta no presentó ni un solo documento.
Señalar que esta empresa ya no existe como tal, sino que antes de desaparecer se ocupó de ceder o dar en herencia tal espacio sin que el Ayuntamiento exigiera una regularización de la situación. Estamos hablando de unas pérdidas aproximadas de 100.000 € en estos 20 años de ocupación.
Dice la señora Manuela Galiano que «en lugar de apoyar la economía de las empresas se les echa de unas instalaciones»: vergonzosa declaración hecha por alguien que expulsó del Centro de Recursos Compartidos a la asociación de empresarios de El Provencio UNICO, despreciándolos, ninguneándolos y sin permitir ni una sola reunión de esta asociación con el Ayuntamiento, negándoles cualquier tipo de ayuda o colaboración. Hemos de recordarle a la señora Galiano que nuestro tejido empresarial es fundamental para la sostenibilidad, la economía y riqueza de nuestro pueblo.
¿Con qué criterio se le cedió a esta empresa unas instalaciones de uso exclusivamente municipal? ¿Por qué no se ha tratado al resto de las empresas de forma semejante? No existe ni un solo documento que justifique esta cesión, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de su primer inquilino.
Y más allá de que la señora Manuela Galiano reconozca este atropello a los vecinos de El Provencio al haber privilegiado a unos pocos por ser afines a sus ideas políticas, se dedica a defender lo indefendible, rayando poco menos que en la prevaricación.
Dice la Constitución Española en su artículo 14 que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Parece ser que la señora Manuela Galiano está por encima de la ley, y no tiene empacho alguno en despreciar al conjunto de los provencianos tratándolos de forma desigual siempre y cuando no tengan consigo el carné de socialista.
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